
El pasado sábado 1° de febrero se llevó a cabo en Cosquín, Córdoba, la 17° Caminata Plurinacional por el Agua, la Tierra y la Vida, una iniciativa que históricamente ha reunido a vecinos, comunidades indígenas y organizaciones socioambientales para reclamar la protección del monte nativo y los recursos naturales. Sin embargo, este año la marcha generó divisiones y dejó un sabor agridulce en muchos de los asistentes.
Si bien el evento mantuvo su esencia de denuncia contra la entrega de territorios y la falta de políticas ambientales, la incorporación de banderas de la comunidad LGBT, carteles con consignas antifascistas y mensajes que poco tenían que ver con la causa ambiental desvirtuaron el propósito original de la caminata, según manifestaron varios vecinos de Cosquín que solían participar activamente.
“Siempre veníamos a la marcha porque creemos en la defensa del monte, pero este año parecía otra cosa. Había más banderas de diversidad que carteles sobre el agua”, expresó un vecino de la zona.
“Yo apoyo la causa ambiental, pero esto se convirtió en un acto político con consignas que nada tienen que ver con el reclamo por la tierra. Una lástima”, comentó otra asistente.
Durante la manifestación, se denunciaron las políticas de Javier Milei, Martín Llaryora y otros gobernantes, exigiendo el sobreseimiento de activistas ambientales. Sin embargo, el mensaje se vio opacado por una fuerte carga ideológica y partidaria que dejó a muchos participantes con una sensación de desconcierto.
“Antes esto era un espacio de unidad para defender el ambiente, ahora parece más una marcha política. Se perdió el verdadero objetivo”, lamentó un comerciante local.

La persecución contra activistas.
Por otro lado, la Asamblea Ambiental Cosquín emitió un comunicado en el que denunció una persecución judicial contra activistas ambientales y advirtió que el procesamiento de seis manifestantes es un intento de «disciplinar a la población para que no ejerza sus derechos».
Según la organización, la ratificación del procesamiento de los acusados por parte de la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores criminaliza la protesta social y busca acallar el reclamo por el medio ambiente.
Un fallo controversial y un movimiento dividido.
Los hechos en cuestión ocurrieron el 13 de agosto de 2022, cuando un grupo de manifestantes realizó un escrache espontáneo contra el intendente Gabriel Musso en el marco de las protestas contra la Autovía de Punilla. La justicia calificó la manifestación como una amenaza, priorizando el orden público sobre el derecho a la protesta.
Desde la Asamblea denuncian que se descontextualizaron los hechos y se rechazaron pruebas clave de la defensa, lo que deja en evidencia una falta de imparcialidad en el proceso.
El descontento es evidente, pero el debate sobre la legitimidad de ciertas estrategias de lucha también ha dejado una fractura en el movimiento ambientalista. Mientras unos sostienen que la lucha por el ambiente debe integrar otras causas sociales, otros consideran que la politización extrema desvía la atención de los problemas reales y aleja a la ciudadanía.
Mientras algunos defendieron la pluralidad de voces en la movilización, otros consideraron que la causa original quedó relegada a un segundo plano. Lo cierto es que la Caminata Plurinacional dejó en evidencia una fractura dentro del movimiento ambientalista, donde no todos comparten la misma visión sobre cómo y con quiénes se deben llevar adelante estos reclamos.
