Nuevo Procedimiento Penal Juvenil introduce medidas de resguardo institucional.
La Legislatura de Córdoba aprobó una nueva ley que establece cambios en el tratamiento de penas para menores de 16 años que cometan delitos graves, como homicidios o robos agravados con armas. La normativa permitirá que estos adolescentes sean derivados a un instituto de resguardo por un plazo máximo de seis meses, bajo estrictas medidas institucionales.
Intervención judicial y medidas excepcionales.
Según la nueva ley, en los casos de delitos graves intervendrá el fiscal Penal Juvenil, quien evaluará la aplicación de medidas excepcionales. Para delitos leves, el juez Penal Juvenil podrá archivar la causa, dictar medidas socioeducativas o derivarla a organismos especializados en la restitución de derechos vulnerados.
Uno de los puntos clave de la normativa es la creación de un espacio especial dentro del Complejo Esperanza, donde los adolescentes serán alojados mientras se define su situación.
Impulsores y debate legislativo.
El proyecto fue presentado por los legisladores oficialistas Miguel Siciliano, Victoria Busso y Julieta Rinaldi, y recibió modificaciones propuestas por la UCR. A pesar del respaldo mayoritario, algunos sectores lo rechazaron, argumentando que criminaliza la vulnerabilidad social de los jóvenes en lugar de abordar las causas estructurales del delito.
Desde la oposición, la legisladora Brenda Austin advirtió que estarán atentos para que se cumplan las medidas alternativas de acompañamiento y se garantice el financiamiento necesario para la aplicación de la ley.
Un debate en el contexto nacional.
La aprobación de esta normativa se da en un momento en que el Congreso Nacional discute la posible baja de la edad de imputabilidad. Al respecto, el legislador Miguel Siciliano expresó: “Mientras el Congreso debate la baja de edad, en Córdoba damos un paso adelante con herramientas concretas para abordar la problemática”.
Sin embargo, sectores de la izquierda y del peronismo kirchnerista manifestaron su oposición. La legisladora Luciana Echevarría criticó la norma al considerar que prioriza el encierro sobre políticas de inclusión: “Este sistema busca apartarlos y ponerlos al margen en lugar de brindarles oportunidades”.
Cómo sigue la implementación.
La aplicación de la ley dependerá de la asignación de recursos y del funcionamiento de los nuevos espacios de resguardo en el Complejo Esperanza. La creación de una Mesa de Coordinación y Seguimiento, con representantes de los tres poderes del Estado y el sector académico, buscará evaluar el impacto de la medida en la contención de los adolescentes en conflicto con la ley.
