El Hospital Municipal de La Falda atraviesa una de sus peores crisis laborales y sanitarias de los últimos años. A los reclamos salariales del servicio de enfermería y las denuncias de vecinos por la caída en la atención, ahora se suma un dato alarmante: el municipio mantiene una demora de hasta 21 días en el pago de sueldos, y en algunos casos los médicos contratados deben esperar hasta mediados de octubre para cobrar con cheques los haberes de agosto.
La precarización laboral en el hospital ya no es un secreto: se convirtió en una política sostenida que golpea directamente a enfermeros, médicos y personal administrativo, y que repercute de manera directa en la calidad de la atención que reciben los pacientes.
Asambleas y retención de tareas: un grito de resistencia.
Cansados de la indiferencia oficial, los trabajadores del hospital resolvieron organizarse y hoy llevaron adelante asambleas con retención de tareas en tres franjas horarias: de 8:00 a 10:00, de 14:00 a 16:00, y nuevamente de 00:00 a 02:00 de la madrugada.
El objetivo fue visibilizar la crítica situación y presionar por una respuesta inmediata del municipio, que hasta el momento ha optado por el silencio y la dilación.
Amenazas desde la dirección
Lejos de abrir canales de diálogo, el director del hospital, Dr. Lucas Viotto, eligió el camino de la presión. Según denunciaron los trabajadores, Viotto comunicó que a quienes participen de las asambleas y los reclamos se les descontarán las horas correspondientes. Una medida que no solo busca amedrentar al personal, sino que expone la falta de sensibilidad de la conducción del hospital frente a un conflicto legítimo.
El mensaje fue claro: reclamar es castigado. Una postura que choca de frente con los derechos laborales y con la urgencia sanitaria que atraviesa la ciudad.
El municipio bajo la lupa.
La responsabilidad política apunta directamente al intendente Javier Dieminger, al secretario de Salud Dr. Fabio Menite y a la propia conducción del hospital. La falta de planificación financiera, la eliminación de adicionales, los atrasos salariales y ahora las amenazas contra los trabajadores configuran un cuadro de incompetencia e insensibilidad oficial.
Mientras las autoridades intentan minimizar el conflicto, la realidad habla por sí sola: profesionales esenciales sobreviven con salarios devaluados, pagos atrasados y condiciones cada vez más precarias.
Pagos parciales tras el escándalo público.
En un giro que confirma la presión generada por la visibilidad del conflicto, hoy mismo, a raíz del impacto mediático del caso, el municipio abonó de manera parcial algunos pagos adeudados a determinados trabajadores.
Sin embargo, el alivio es solo transitorio: el grueso de la deuda salarial y la falta de soluciones estructurales persisten, dejando en claro que la respuesta oficial fue más un manotazo para calmar la crítica que una medida de fondo para garantizar estabilidad y dignidad laboral en el hospital.
Vecinos en estado de alarma.
La comunidad, que desde hace meses denuncia deficiencias en la atención y falta de recursos, observa con preocupación cómo el hospital, único centro de referencia para toda la región, se degrada día tras día.
“Si enfermeros y médicos están desbordados y mal pagos, ¿qué atención podemos esperar los vecinos?”, expresó un paciente durante la protesta en la entrada del hospital.
Salud en riesgo y política ausente.
El conflicto en el Hospital de La Falda trasciende lo laboral: es un síntoma del derrumbe de la salud pública en la ciudad. Atrasos salariales de tres semanas, pagos con cheques diferidos, eliminación de adicionales, amenazas y precarización no son medidas aisladas: son la consecuencia de un municipio incapaz de garantizar un derecho básico como es la salud.
El mensaje de los trabajadores es firme: sin reconocimiento, sin respeto y sin condiciones dignas, el hospital no puede sostenerse. El tiempo de la paciencia se agotó, y las autoridades locales deberán decidir si gobiernan para la salud de su pueblo o si profundizan un abandono que ya se siente en cada guardia y en cada sala.
