La ciudad de La Falda se encuentra en el centro de una controversia tras la denuncia de Marina Perciavalle, ex empleada del Refugio Canino Municipal, quien acusó a funcionarios municipales por incumplimiento de deberes de funcionario público y a la veterinaria Sabina Pariani por maltrato animal.
La denuncia fue presentada el 4 de febrero en la Unidad Judicial de La Falda y el 11 de febrero ante el Colegio de Veterinarios de Córdoba.
Un problema de larga data.
El abandono y la proliferación de perros callejeros han sido una problemática recurrente en la ciudad. Comerciantes y vecinos han manifestado su preocupación por el riesgo de ataques y las condiciones de los animales en la vía pública. A lo largo de distintas administraciones, se han implementado políticas con la intención de mitigar el problema, aunque no siempre con éxito.
En la gestión del ex intendente Marcos Sestopal, el refugio pasó a ser de administración municipal. Sin embargo, la ciudad se vio sacudida por denuncias de matanza de perros callejeros, los cuales habrían sido sacrificados violentamente en la zona de Pampa de Oláen.
Posteriormente, bajo la gestión de Emilio Arduh, Perciavalle impulsó la creación del Área de Bienestar Animal en 2014, con el objetivo de generar ordenanzas, aplicar sanciones y promover la tenencia responsable de mascotas. Sin embargo, su permanencia en el cargo se vio interrumpida tras un accidente laboral que la obligó a ausentarse por un año. A su regreso, fue desvinculada y reemplazada por la veterinaria Sabina Pariani.
Denuncias de maltrato y desidia.
Según Perciavalle, su despido marcó el inicio de situaciones de desidia dentro del refugio, que se hicieron públicas con la viralización del caso de una cachorra que fue atacada y destrozada por otros perros agresivos. Según denunció un cuidador, la orden de colocarla en un sector de riesgo fue dada por la veterinaria, a pesar de haber sido advertida de la falta de un período de adaptación.
El cuidador, que comenzó a exponer otras irregularidades, fue posteriormente despedido, lo que Perciavalle considera parte de un intento de silenciar las denuncias sobre el estado del refugio.
Entre otras irregularidades denunciadas, Perciavalle destacó que:
Se intentó ingresar un perro con moquillo sin asegurar que los demás animales tuvieran sus vacunas al día.
Un perro con la mandíbula fracturada fue trasladado al refugio sin recibir la alimentación especial que requería, quedando seis días sin poder comer.
Un perro con cáncer no recibió el tratamiento adecuado hasta que Perciavalle consiguió medicación a través de Alma Animal.
Un animal dado en adopción quedó ciego a los cinco días debido a un cuadro de moquillo que no fue diagnosticado ni tratado a tiempo.
Vínculos y conflictos de intereses.
Perciavalle también cuestionó la relación contractual entre la veterinaria y el municipio, asegurando que recibe pagos por mantenimiento de la salud de los animales, primeros auxilios, castraciones y gastos de traslado, pero también cobra adicionalmente por análisis y cirugías, lo que podría generar un conflicto de intereses. Además, la denuncia ante el Colegio de Veterinarios de Córdoba (Expediente N° 75.294) reveló que Pariani está bajo investigación por presuntas irregularidades administrativas cometidas en la anterior Comisión Directiva de la entidad.
«Ser comprometido no es ser conflictivo».
En cuanto a las razones por las que no denunció antes, Perciavalle afirmó que alertó en reiteradas ocasiones a sus superiores, pero sus advertencias fueron ignoradas. “Para ellos, yo era la conflictiva porque no soy veterinaria. Pero las políticas públicas deben ser un compromiso real, no un simple discurso«, declaró.
Denunció también un padrón de represalias contra quienes visibilizan los problemas del refugio. Primero, el despido del cuidador, luego su propia desvinculación, y finalmente la falta de transparencia en casos anteriores, como la supuesta matanza de perros en la Pampa de Oláen, cuyas denuncias nunca prosperaron en la justicia.
¿Se investigará el caso?
La Ley 14.346 de Protección Animal en Argentina establece que el maltrato incluye la falta de alimentación adecuada, el uso de instrumentos de dolor y el abandono. Sin embargo, en muchas ocasiones la justicia no da curso a este tipo de denuncias.
Perciavalle advierte que, más allá del impacto mediático, las autoridades han optado por el silencio, evitando investigar las acusaciones. “Las denuncias se desestiman, las personas comprometidas pierden su trabajo y la ciudadanía se queda sin respuestas”, concluyó.
El futuro del Refugio Canino Municipal de La Falda y de los animales que alberga ahora depende de la decisión judicial. Mientras tanto, los proteccionistas y ciudadanos atentos a esta problemática exigen que las autoridades garanticen condiciones dignas para los perros en situación de abandono.
