
La apropiación ilegal de tierras municipales y protegidas se ha convertido en un escándalo de gran magnitud en el Valle de Punilla. A las denuncias contra Varoli, quien busca postularse como intendente de La Falda y es acusado de usurpar terrenos dentro de la Reserva Natural y Cultural El Puma, se suman reclamos de vecinos que advierten sobre una red de corrupción que involucra a funcionarios e inspectores municipales en maniobras fraudulentas de apropiación de tierras.
Según testimonios, estos funcionarios estarían emitiendo derechos posesorios falsos para justificar la ocupación de terrenos de manera fraudulenta, permitiendo que ciertos grupos vinculados al poder político se adueñen de miles de hectáreas sin que desde el municipio se emita ningún tipo de respuesta o aclaración.
La situación ha destapado lo que muchos ya consideran una gran mafia de tierras en el Valle de Punilla, donde intendentes y altos funcionarios utilizarían testaferros para apropiarse impunemente de terrenos públicos y privados. Se habla de un esquema de corrupción en el que estos testaferros reciben los títulos falsificados, mientras los verdaderos propietarios quedan indefensos ante la complicidad de las autoridades locales.
En el caso de la Reserva El Puma, las denuncias apuntan a un grupo de empresarios y políticos, entre los que se mencionan a Murúa, Dillet, Pino, Agost, Varoli y Pacha, quienes estarían operando con la complicidad del municipio para explotar terrenos que, por ley, deben ser preservados como reserva natural. Mientras tanto, el Ejecutivo Municipal evita pronunciarse, lo que refuerza las sospechas de que el saqueo de tierras cuenta con el aval del poder político.
Los vecinos exigen una investigación profunda y que la justicia actúe para frenar el robo sistemático de tierras que atenta contra el patrimonio natural y el derecho legítimo de propietarios y comunidades que buscan proteger su entorno.
En un año electoral clave, la ciudadanía advierte que este entramado corrupto solo podrá ser desmantelado si se pone fin al reinado de quienes han hecho del robo de tierras un negocio millonario a costa del pueblo.
La red también opera en Valle Hermoso.
En Valle Hermoso y otras localidades del Valle de Punilla, vecinos han denunciado públicamente un esquema de corrupción en el que funcionarios e inspectores municipales estarían apropiándose ilegalmente de terrenos mediante la emisión fraudulenta de derechos posesorios falsos. Esta práctica, que les permite justificar la ocupación ilegal de tierras, ha generado preocupación entre los habitantes, quienes exigen respuestas por parte del municipio. Sin embargo, las autoridades han guardado silencio, lo que refuerza las sospechas de complicidad en este saqueo sistemático.
Las denuncias no son aisladas. Diversos testimonios señalan la existencia de una gran mafia de tierras operando en el Valle de Punilla, con vínculos directos entre los intendentes y un grupo de testaferros que actúan como intermediarios en la apropiación de terrenos. A través de maniobras fraudulentas, esta red estaría robando miles de hectáreas de forma impune, despojando a propietarios legítimos y poniendo en riesgo zonas protegidas y espacios públicos. En Valle Hermoso ha trascendido que Spadoni contaría con testaferros que se han apropiado de infinidad de lotes y terrenos en la localidad.
Los vecinos afectados advierten que este entramado no solo vulnera derechos de propiedad, sino que también facilita el avance de negocios privados sobre terrenos que deberían destinarse a reservas naturales o a proyectos comunitarios. La falta de acción del municipio y la ausencia de investigaciones refuerzan la percepción de que esta mafia cuenta con protección política y judicial.
Ante esta grave situación, la comunidad exige que se investigue a fondo y que se identifique a los responsables, incluyendo a los funcionarios que, desde sus cargos, estarían facilitando estas operaciones ilegales. La apropiación de tierras en Punilla no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática que solo podrá detenerse con presión ciudadana y medidas judiciales concretas.
