En un escándalo que sacude al mercado inmobiliario, se ha dado a conocer el rol de cada uno de los integrantes de una organización criminal dedicada a la venta fraudulenta de terrenos pertenecientes a personas fallecidas. La compleja trama involucraba a escribanos, abogados e intermediarios que operaban en diversas localidades, destacándose la participación de profesionales que, aprovechando su conocimiento legal, lograban concretar las maniobras ilícitas sin levantar sospechas.
Una organización bien estructurada
Las investigaciones revelaron que la red delictiva operaba con una estructura bien organizada y roles claramente definidos. Uno de los principales responsables era Guillermo Pablo Harica, abogado y escribano, quien tenía a su cargo la confección y validación de documentos falsificados. Junto a él, Salvador Sessa actuaba como intermediario, ofreciendo los terrenos de manera irregular al público y facilitando las operaciones de venta.
La maniobra comenzaba con Aliaga Paz, quien se encargaba de obtener documentación fraudulenta para lotes que pertenecían a personas fallecidas. Luego, Arrieta Harica se ocupaba del registro de escrituras, legalizando así los documentos apócrifos y permitiendo la venta de los terrenos. En paralelo, Caggiano Blanco tenía la tarea de despojar a los legítimos propietarios de sus inmuebles, principalmente en la zona de Tanti, localidad que se convirtió en uno de los focos principales de la estafa.
Otros miembros de la banda, como los hermanos Zuk, se encargaban de realizar verificaciones y limpiar los terrenos para que las ventas fraudulentas parecieran legítimas. Su labor consistía en asegurarse de que los lotes no tuvieran ocupantes o reclamos visibles que pudieran alertar a las víctimas.
Método de operación y engaño a compradores
La estrategia utilizada por la organización era minuciosa y efectiva. Primero, identificaban lotes de personas fallecidas y, mediante documentación falsa, los inscribían a nombre de testaferros o directamente de algunos miembros de la banda. Luego, con la ayuda del escribano y abogado, tramitaban las escrituras y otorgaban un marco de aparente legalidad a los terrenos.
Una vez regularizados los documentos, se procedía a la venta de los lotes. Salvador Sessa y otros intermediarios eran los encargados de buscar compradores interesados, ofreciéndoles precios competitivos y garantizando trámites legales aparentemente sin inconvenientes. Muchos de los compradores, confiados en la documentación presentada, adquirieron terrenos que, en realidad, pertenecían a otras personas o estaban en litigio.
El despojo de propietarios en Tanti
Uno de los aspectos más impactantes del caso es el accionar de Caggiano Blanco, quien operaba directamente en Tanti, despojando a los legítimos dueños de sus propiedades. En algunos casos, las víctimas fueron engañadas con promesas falsas de regularización, mientras que en otros simplemente se vieron desplazadas sin previo aviso cuando se descubría que sus inmuebles habían sido vendidos fraudulentamente.
La organización contaba con contactos y recursos para evitar que los reclamos llegaran a las autoridades a tiempo. Sin embargo, el creciente número de denuncias y las inconsistencias en los registros inmobiliarios pusieron en alerta a los investigadores, quienes lograron desentrañar el entramado delictivo.
Investigación y consecuencias legales
Tras meses de seguimiento, análisis documental y testimonios de víctimas, las autoridades lograron desarticular la red. Los implicados enfrentan cargos por fraude inmobiliario, falsificación de documentos públicos, usurpación de propiedades y asociación ilícita.
Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad del mercado inmobiliario ante este tipo de delitos y la importancia de verificar exhaustivamente la documentación antes de realizar cualquier transacción. Las autoridades han instado a posibles afectados a revisar sus escrituras y denunciar cualquier irregularidad para evitar nuevas estafas.
