Crece la preocupación entre vecinos de la localidad por una serie de denuncias que apuntan directamente al municipio y al área de Obras Públicas por presuntas prácticas discriminatorias y represivas contra ciudadanos que ejercen su derecho a reclamar mejoras para sus barrios.
Según los testimonios, muchos vecinos que han elevado pedidos o quejas sobre problemas de infraestructura, falta de servicios, recolección de residuos o mantenimiento de calles, estarían siendo castigados por los funcionarios municipales, quienes retiran la basura de todos los domicilios menos el suyo, no reparan las calles frente a sus casas ni levantan los restos de poda o ramas.
“Hace meses que tengo basura acumulada en la esquina, nadie viene a limpiarla, pero sí pasan por todas las otras casas. Solo porque fui a Obras Públicas a pedir que arreglen las calles”, contó una vecina del barrio San Antonio. Casos similares se repiten en otros sectores, donde también hay denuncias de vecinos sin iluminación pública durante semanas o meses, mientras calles cercanas son atendidas con normalidad.
Más grave aún, los denunciantes aseguran que estos castigos no solo se aplican por reclamar o insistir con pedidos comunitarios, sino también por tener posturas políticas diferentes a las del oficialismo local. “Si no estás con ellos, sos enemigo. Si participás en una lista opositora o simplemente tenés una idea distinta, te dejan en el abandono”, relató otro habitante afectado.
Estas prácticas, de comprobarse, constituirían una grave violación a los principios de igualdad y no discriminación en la administración pública. La utilización de recursos y servicios municipales como herramienta de castigo o exclusión política representa un retroceso institucional y un atropello al derecho de los ciudadanos a vivir en condiciones dignas, independientemente de su ideología o nivel de crítica hacia la gestión.
Hasta el momento, el municipio de Valle Hermoso no ha respondido a estas acusaciones, pese a que varios reclamos formales ya fueron presentados por los vecinos.
Organizaciones y referentes barriales exigen una investigación y el fin inmediato de estas prácticas discriminatorias, así como la garantía del acceso igualitario a los servicios públicos municipales.
