
La comunidad del centro norte del Valle de Punilla enfrenta una preocupante situación sanitaria tras confirmarse el cierre del Servicio de Obstetricia del Hospital Municipal de La Falda, una decisión que afecta directamente a las embarazadas sin cobertura médica privada y a los sectores más vulnerables.
La noticia fue corroborada por el Dr. Lucca Viotto, en diálogo con el reconocido vecino y profesional Benjamín Malamud, quien expresó su profunda preocupación al considerar este hecho como un “gravísimo retroceso en nuestra capacidad asistencial pública”.
El cierre implica que la única opción para quienes no cuentan con obra social o prepaga será el Hospital Domingo Funes, ubicado a varios kilómetros de distancia, y que actualmente también atraviesa una crisis, con la cesación de contratos a personal médico y recortes en recursos.
“Se trata de una verdadera emergencia sanitaria, que agrava aún más la desigualdad social y deja sin cobertura obstétrica pública a miles de familias”, señaló Malamud.
El Dr. Viotto ya había anticipado dificultades económicas para sostener el servicio obstétrico en La Falda, especialmente ante una temporada turística débil que redujo los ingresos municipales. Según trascendió, cada cesárea cuesta entre 700 mil y 1 millón de pesos, monto que la comuna no puede afrontar sola, y que otros municipios de la región eluden pese a su corresponsabilidad en la atención de sus vecinos.
A esto se suma un contexto nacional de avance del modelo privatizador de la salud, donde se privilegia la lógica de mercado por sobre el derecho constitucional a la atención médica gratuita y de calidad.
La situación ha generado indignación entre vecinos y profesionales, quienes llaman a una movilización comunitaria y política urgente.
“El Consejo de la Ciudad, la Defensoría del Vecino y los Concejos Deliberantes deben convocarse junto a los ejecutivos municipales de toda la zona. No podemos aceptar ni un solo día más sin atención obstétrica pública. Esto es una cuestión de derechos y de vida”, remarcó Malamud.
La comunidad de La Falda y de las localidades cercanas se enfrenta hoy a un desafío crucial: defender el acceso a la salud como un derecho y no como un privilegio, y exigir respuestas concretas para restituir un servicio esencial que no debió cerrarse.
