La emergencia sanitaria que atraviesa el Hospital Municipal de La Falda está lejos de resolverse. Mientras el quirófano permanece cerrado desde hace más de dos meses y los servicios esenciales continúan resentidos, el intendente Javier Dieminger anunció que firmará en los próximos días un convenio con el Gobierno provincial para recibir un subsidio extraordinario de 10 millones de pesos.
Sin embargo, se trata de una ayuda “por única vez” que, según el propio mandatario, no alcanza siquiera para saldar la totalidad de los salarios adeudados a los profesionales de la salud. En lugar de una solución integral y a largo plazo, la respuesta oficial parece centrarse en medidas paliativas.
A la par del subsidio, la Municipalidad intenta cerrar un acuerdo con prestadores privados de salud locales para implementar un “canje de prestaciones”, especialmente en áreas críticas como partos y cirugías menores. Es decir, derivar servicios que el hospital no puede cubrir y, a cambio, ofrecer prestaciones propias del nosocomio a clínicas privadas.
La maniobra ha sido recibida con escepticismo por buena parte de la comunidad médica y los vecinos, quienes denuncian una lenta privatización de hecho del hospital público.“Estamos trabajando con la Provincia para ver si podemos dar un marco de solución definitiva, pero lamentablemente por ahora no se ha logrado”, admitió Dieminger en diálogo con algunos medios. «Se van a regularizar los honorarios de los profesionales, pero es un monto que ni siquiera alcanza para eso”, reconoció, dejando en claro que el auxilio económico no representa una salida estructural a la crisis.
Dieminger también reveló que la Municipalidad sigue afrontando un déficit de aproximadamente 50 millones de pesos mensuales destinados a sostener el funcionamiento del hospital, cifra que se cubre actualmente con recursos de rentas generales. Ante este panorama, volvió a solicitar al Ministerio de Salud de Córdoba un aporte mensual de 20 millones de pesos, reclamando específicamente 10 millones para los traslados de pacientes a otros centros de salud y otros 10 millones para cubrir guardias médicas.
Este sería el segundo auxilio financiero desde el cierre del quirófano. El primero, también gestionado ante la Provincia, fue un desembolso de 50 millones de pesos girados por el Ministerio de Gobierno, encabezado por Manuel Calvo, con los que se saldó parte de la deuda salarial con anestesistas.
Sin embargo, el problema de fondo persiste: un sistema sanitario local colapsado, sin autonomía presupuestaria y cada vez más dependiente de acuerdos circunstanciales.
Reclamos populares en alza.
Mientras tanto, la respuesta ciudadana frente a la inacción política no se hizo esperar.
Desde que comenzó el deterioro progresivo del hospital, vecinos y vecinas de La Falda han protagonizado múltiples manifestaciones públicas, incluyendo marchas por las calles céntricas y un simbólico abrazo al edificio del hospital, en reclamo de un sistema de salud digno, accesible y funcional.
Las protestas, autoconvocadas por ciudadanos y apoyadas por organizaciones sociales y referentes del sector sanitario, denuncian la desfinanciación sistemática del hospital municipal y la falta de voluntad política para avanzar en una solución concreta. Las consignas más repetidas en pancartas y redes sociales apuntan tanto al Ejecutivo local como al Gobierno provincial, a quienes acusan de “abandonar la salud pública” y “responder solo con parches”.“Queremos salud, no remiendos”, “El hospital no se vende” y “Basta de negocios con la salud del pueblo” fueron algunas de las consignas coreadas en la última movilización, que reunió a cientos de personas en un abrazo simbólico frente al nosocomio.
La comunidad médica también ha alzado la voz, advirtiendo que los profesionales trabajan en condiciones precarias y sin certezas sobre la continuidad de sus funciones.
Un modelo que hace agua.
Lejos de ser un caso aislado, lo que ocurre en La Falda parece reflejar una problemática más amplia: la crisis estructural de los sistemas de salud municipalizados en Córdoba. En este contexto, los subsidios puntuales no hacen más que postergar el conflicto, sin atacar el núcleo del problema: la falta de un esquema de financiamiento sostenible y políticas públicas que garanticen el derecho a la salud en todos los niveles.
La idea de “canjear” servicios entre el hospital y clínicas privadas, sin una evaluación técnica transparente ni participación ciudadana, despierta dudas sobre el rumbo que tomará el sistema sanitario local. ¿Será el primer paso hacia una tercerización encubierta? ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un hospital público sin quirófano, sin guardias estables y con profesionales mal pagos?
La comunidad ya ha dado una respuesta: no está dispuesta a naturalizar el abandono. Mientras el intendente gestiona subsidios a cuentagotas, los vecinos exigen una transformación de fondo. Porque la salud no puede ser un privilegio para quienes puedan pagarla, sino un derecho garantizado por el Estado.
